Frente a recientes opiniones respecto del rol excluyente del sector público en materia de sanidad e inocuidad de los alimentos, es pertinente señalar que el desarrollo de la industria alimentaria nacional ha contado entre sus principales activos la capacidad de articulación público-privada, que ha resultado clave en las negociaciones de los TLC; la adecuación de la oferta exportable a estándares internacionales; la implementación del autocontrol y autorregulación; la gestión de emergencias fito y zoosanitarias, y el desarrollo de infraestructura, equipamiento y técnicas diagnósticas, por mencionar las principales.

Para dimensionar el impacto que la pérdida de nuestra condición de sanidad e inocuidad alimentaria puede representar para el país, baste señalar que según OCDE/FAO (2006) los brotes de Fiebre Aftosa –FA– (1996/97) y EEB (vacas locas) en el Reino Unido (2001) tuvieron sumados un impacto de -0,5% del PIB (US$ 13 mil millones). Mientras que el brote de FA en Paraguay (2011) en seis meses significó una pérdida de US$1.000 millones por cierres de mercados.

En Chile, el virus ISA en salmones casi provocó el quiebre de la industria y la presencia de dioxinas en carnes de cerdo, significó el cierre temporal de los principales mercados asiáticos.

Resultan claves en la gestión de la seguridad sanitaria de los alimentos, los espacios institucionales de colaboración público-privada, tales como lo han sido el Comité Exportador de Alimentos, el Consejo Asesor Presidencial Chile Potencia Alimentaria, el Consejo Asesor Presidencial para la Inocuidad Alimentaria y más recientemente la ACHIPIA, por mencionar algunos, y que han contribuido en forma determinante en el éxito del proceso de internacionalización, basado en una plataforma de bioseguridad-inocuidad-calidad como principal fortaleza competitiva de los alimentos producidos en Chile.

Fuente: http://www.foodnewslatam.com